Las constructoras reclaman que se dejen sin efecto las restricciones al sector en la Ciudad

El Gobierno porteño suspendió las obras privadas de más de 2500 m2. Las empresas afirman que no están en condiciones de afrontar un nuevo freno a la actividad.


En el marco de las nuevas restricciones en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció cómo funcionaran hasta el 21 de mayo distintos sectores de la economía. En ese marco, determinó suspender por las próximas 3 semanas la actividad de la construcción de obras privadas de más de 2500 metros cuadrados, con el objetivo de reducir la circulación de personas en especial en el transporte público. Al respecto, las principales cámaras que nuclean a las constructoras salieron a alertar que la parálisis generará un daño “mayúsculo” a la actividad, que tocó mínimos durante 2020 y se había constituido en los últimos meses en el motor de la reactivación económica.


La CEDY y la AEV enfatizaron que la actividad se desarrolla desde su reactivación “con los protocolos necesarios para cumplir con todos los cuidados que el contexto de pandemia requiere y desde entonces los han cumplido estrictamente”. Además, enfatizaron que “el personal empleado en las obras utiliza transporte privado provisto por las propias empresas y no hace uso del transporte público”. Si bien dijeron ser conscientes de que la circulación debe reducirse en la Ciudad a fin de bajar los contagios, remarcaron la necesidad de que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “rehabilite todas las obras lo más pronto que la situación sanitaria lo permita, sobre todo a aquellas que acrediten tener medios propios para el desplazamiento de sus operarios”.

Tras destacar que las empresas integrantes de las cámaras “realizan testeos continuos al personal para detectar casos positivos de Covid-19, contribuyendo así a liberar el sistema de salud”, las cámaras empresarias alertaron que “el perjuicio que esta medida genera es mayúsculo y nuestras empresas ya no están en condiciones de afrontarlo”.


Al respecto, Damián Tabakman, presidente de la CEDU, planteó: “Sin desconocer la gravedad de la situación sanitaria, entendemos que extremando los cuidados deberíamos poder continuar con los trabajos lo antes posible”. Por su parte, el titular de AEV, Carlos Spina, agregó que “la medida no es apropiada pues justamente las obras grandes son las que, con total seguridad, no utilizan transporte público, tienen estrictos protocolos de ingreso, turnos, vestuarios y comedores gracias a lo cual, con los extra costos que ello implica, ha hecho que los contagios en obra sean menores a cualquier otra actividad. Amén de ser las más fáciles de auditar"


Mientras, desde las empresas de servicios inmobiliarios consideraron que la medida “causará una nueva retracción del mercado inmobiliario y van contra el avance de obras en construcción”. En ese sentido, el presidente de Casemi, Alejandro Ginevra, tildó de “capricho” a la medida contra la construcción. “Que no se pueda avanzar en la construcción de nuevas unidades, significa que por segundo año consecutivo vamos a tener menos unidades para la venta y el alquiler. Lo que significa un achique de la oferta y un aumento en los precios, algo que no le conviene a nadie. Esto podría ser la estocada final para muchas empresas de construcción”, sostuvo.


Fuente: TN


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