Blanqueo: un año más para construir viviendas
La expectativa es que ingresen 4.000 millones de dólares. La medida responde a una demanda de varias entidades del sector.
Recientemente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la extensión por un año del blanqueo de fondos destinado a la construcción de viviendas, a partir de una ley sancionada en febrero de 2021 pero que casi no llegó a implementarse por las demoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) al reglamentarla.
La nueva versión incorporó un capítulo para sumar como empleados de los proyectos a beneficiarios de planes sociales. El Gobierno nacional aspira a que ingresen 4.000 millones de dólares (en la medida en que el trámite legislativo y administrativo pendiente no se demoren).
La iniciativa responde a un pedido de la Cámara de la Construcción (Camarco), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las entidades que agrupan a los desarrollistas. El dinero no debe tener origen en paraísos fiscales ni ser parte de denuncias penales.
Se utilizará para proyectos inmobiliarios u obras privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley como construcciones, ampliaciones e instalaciones; el texto de la normativa también señala que se trata de “incentivos a la construcción de vivienda”.
Para usar los fondos, la ley establece que debe depositarse en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina (CECON.Ar), donde se controlará su trazabilidad. A la prórroga de un año del blanqueo se agregarán artículos para sumar a los planes de empleo a beneficiarios de planes sociales. Se les permitirá seguir percibiendo la prestación social, pero se faculta al Ministerio de Trabajo a fijar pautas de compatibilidad.
LA MIRADA DE LAS ENTIDADES.
“En nuestro mercado, fruto de la realidad económica que atraviesa el país, no notamos que se haya activado la demanda por esta medida, hecho que sí sucedió en otras épocas, por ejemplo con la implementación de los Cedines creados allá por 2013 para adquirir inmuebles. Por entonces, la realidad del mercado era otra; la gran diferencia radica en las enormes diferencias inflacionarias existentes, en un contexto en el que si bien ya el cepo al dólar era una realidad y la economía no acompañaba, no había niveles de desconfianza de los mercados tan elevados como los actuales”, explica Agustín Tea Funes, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (Cacic).
En otras palabras, si bien la iniciativa tiende a estimular la construcción de inmuebles y la venta de lotes de terreno para edificación, la falta de confianza actual atenta contra el optimismo que podría alentar en otras circunstancias.
“Tenemos la esperanza de que ayude a la reactivación. De a poco el mercado inmobiliario se va reacomodando, aggiornando y encontrando validaciones de precios, pero incide más la estabilidad del dólar que este tipo de medidas: si bien puede motivar a algunos actores, no impactaría de manera masiva para revertir lo vivido desde hace más de siete años de caídas de ventas interanuales”, precisa el directivo.
“En rigor, la demora que tiene la aprobación de la extensión de la ley es contraproducente para el sector, ya que se perdió un tiempo valioso e irrecuperable en lo referido a los valores del metro cuadrado que había al momento de su promulgación, que es parte del incentivo de invertir en ladrillos.
Hoy, si bien una ley de estas características siempre genera expectativas para reactivar una actividad que se encuentra amesetada, lo cierto es que el contexto económico y social que atravesamos conspira contra el éxito y el resultado esperado cuando se planteó este proyecto, ya que es cada vez mas difícil atraer y tentar inversores.
Resulta más complicado aún que quien tenga activos fuera del país los exteriorice, y además los valores para construir han subido considerablemente y seguramente lo seguirán haciendo al ritmo de la inflación”, concluye Luis Lumello, presidente de la Delegación Córdoba de Camarco.
Fuente: LaVoz