Alquileres: la mirada del sector inmobiliario en Córdoba

Recientemente, el Gobierno nacional prorrogó la declaración de la emergencia pública en alquileres hasta el próximo 31 de marzo. Así, se prolonga la duración de los contratos, la suspensión de desalojos y el congelamiento de precios de alquileres en virtud de la pandemia por el Covid-19. De esa manera, continuará vigente por otros dos meses el beneficio para inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única.


Miradas

Se trata de la tercera prórroga anunciada desde que se dictó la medida por primera vez el 11 de marzo de 2020. En este marco, la mirada de referentes del sector respecto al tema es bastante crítica. Se cuestiona que la medida no contempla la existencia del propietario y no es equitativa, dado que no sólo hay que pensar en su rentabilidad sino también en el derecho de disponer de su propiedad. “En algunos casos, el inquilino culminaba su contrato de locación en marzo de 2020, pagaba $ 10.000 y prolongó su contrato desde entonces con el mismo valor, con lo que eso implica tras una devaluación como la del año pasado. Para el inquilino tampoco es beneficioso, porque patea para más adelante una deuda que deberá pagar: no es una condonación de obligaciones sino un diferimiento de pago”, dice Tea Funes. "Aunque el locatario no pasa por el mejor momento y le cuesta pagar el alquiler a fin de mes, hay muchos casos en los que un jubilado ha comprado un inmueble para rentar y así tener una jubilación más digna”, remarca Tea Funes, titular de Cacic.


Desde el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba consideran que la nueva prórroga del DNU agrava la difícil situación que atraviesa el sector inmobiliario. “Esta disposición, que sólo en apariencia es provechosa, genera distorsiones que impactan negativamente en propietarios y en profesionales. Por ese decreto, un inmueble con contrato vencido puede seguir ocupado, lo cual se frena el movimiento normal de ventas y alquileres y perjudica directamente al profesional, que se queda sin ingresos”, remarca Miriam Pagani, vicepresidente 2° de la entidad. Asimismo, la directiva agrega que a esta situación se suma una nueva Ley de Alquileres que no brinda beneficios igualitarios para todas las partes y que en el peor escenario podría derivar en extremos como la usurpación de inmuebles.


Impacto negativo a largo plazo

“El mercado inmobiliario se achica cada vez más: los propietarios o inversores prefieren apuntar a opciones financieras antes que a propiedades, pues saben que el contexto legal no los favorece. Es imperativo lograr un equilibrio que asegure el bienestar tanto del inquilino como del propietario y los profesionales que hoy ven afectada su actividad”, dice Miriam Pagani desde el Colegio de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia. “Con esta ampliación del decreto de necesidad y urgencia (DNU 320/2020), una vez más vemos cómo las medidas tomadas a nivel nacional miran a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y no al resto del país en donde la realidad es distinta. En Córdoba, más del 80 por ciento de los inquilinos que integran la cartera de administraciones de las inmobiliarias pagan al día en tiempo y forma. Demuestra una falta de sentido común a la hora de pensar en el interior del país. En todo vínculo contractual existen dos partes: inquilino y propietario (o locatario y locador) y no una sola como parece pensar esta medida”, plantea Agustín Tea Funes, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (Cacic).


Fuente: La Voz

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